TAPA DEL DÍA La investigación judicial que rodea a la lujosa mansión ubicada en Pilar y que aparece vinculada a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó este lunes un movimiento decisivo. Pasadas las 11.10, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) concluyeron un nuevo operativo en el aeropuerto de San Fernando, del que se retiraron con documentación considerada central para el avance del expediente. La medida fue ordenada por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, y se concretó en el hangar de la empresa Flyzar. Allí, los agentes requirieron y retiraron las órdenes de vuelo y los registros de pasajeros correspondientes a aeronaves que habrían tenido como destino una propiedad ubicada en la zona de Villa Rosa, Pilar, hoy bajo investigación. El procedimiento se desarrolló bajo un marcado hermetismo. Según fuentes judiciales, la documentación fue entregada en un sobre cerrado, con el argumento de preservar la confidencialidad de clientes de alto perfil ante la exposición pública que alcanzó la causa. Durante toda la diligencia estuvo presente Felipe Carmona Natta, propietario de la firma aeronáutica. El material secuestrado será ahora analizado por el juzgado de Campana y tiene un objetivo concreto: confrontar los registros oficiales de vuelos con las declaraciones que, en una etapa previa de la investigación, brindaron los pilotos de las aeronaves. En aquel entonces, cuando el expediente tramitaba en el fuero penal económico, los comandantes negaron haber trasladado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. Los pilotos aseguraron no conocer a los dirigentes y justificaron los reiterados aterrizajes en la quinta de Pilar como supuestos “vuelos de entrenamiento”. Esa explicación generó fuertes interrogantes en el ámbito judicial, principalmente por el elevado costo operativo que implica movilizar helicópteros sin pasajeros ni un destino funcional claro. La normativa aeronáutica es precisa: el control de las personas que suben y bajan de aeronaves que operan en predios privados recae sobre los responsables de los hangares y helipuertos. Por ese motivo, si la documentación ahora incorporada al expediente confirma la presencia de dirigentes de la AFA en esos vuelos, la situación procesal de quienes declararon podría verse seriamente comprometida. La ruta del dinero y las sospechas patrimoniales El operativo en San Fernando forma parte de una serie de medidas más amplias dispuestas por el juez González Charvay. En paralelo, la Justicia avanza con pedidos de información a distintos organismos y con pericias contables destinadas a esclarecer la titularidad real del inmueble y el origen de los fondos utilizados para su adquisición y mantenimiento. Según consta en los registros formales, la propiedad está a nombre de la firma Real Central S.R.L., cuyos titulares son Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte. Ambos figuran como compradores de la finca en mayo de 2024 por un monto declarado de 1.800.000 dólares. Sin embargo, una tasación oficial incorporada al expediente valuó el inmueble en una cifra cercana a los 17 millones de dólares. La marcada diferencia entre el valor declarado y el valor estimado encendió las alertas de los investigadores, que detectaron inconsistencias entre el perfil económico de los titulares formales y la magnitud de la operación inmobiliaria. A este cuadro se sumó el análisis de movimientos financieros. La causa registró consumos mensuales elevados realizados con una tarjeta corporativa de la AFA utilizada por Pantano, entre ellos gastos vinculados a vehículos asociados al entorno familiar del tesorero de la entidad. Estos elementos reforzaron la sospecha de que la estructura societaria podría no reflejar la verdadera administración del inmueble. Las nuevas pruebas incorporadas, entre ellas el contenido del sobre retirado en San Fernando, serán determinantes para definir los próximos pasos del expediente y establecer si existió una maniobra destinada a ocultar la titularidad y el flujo de fondos. En términos institucionales, la causa vuelve a poner bajo la lupa la relación entre el poder deportivo y los controles patrimoniales. Más allá de los nombres propios, el avance judicial expone una demanda social creciente: que la transparencia no sea un eslogan y que los hechos, cuando se investigan, encuentren respuestas claras y verificables. TAPA DEL DÍA
